Spanish

El investigador asistente Muhsen AlMustafa, del Centro Omran de Estudios, afirmó que la persecución de los miembros del antiguo régimen en el ejército y en los cuerpos de seguridad se basa en su implicación en los crímenes cometidos durante la guerra, y no en su afiliación sectaria o religiosa. AlMustafa señaló: “Las nuevas autoridades no están apuntando a los alauitas, pero ellos pueden sentirse amenazados porque representaban la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad.” Añadió que cualquier persona que desee denunciar a un militar o a un miembro de un grupo paramilitar por supuestos crímenes debe presentar pruebas ante las nuevas autoridades.

Explicó que los alauitas – la secta islámica a la que pertenece la familia Assad – ocupaban el 88,5% de los 40 puestos más altos en el ejército sirio, y los oficiales procedentes de provincias con mayoría alauita representaban el 84% del total. En las agencias de seguridad, que desempeñaban un papel central en el régimen, los alauitas ocupaban el 65% de los cargos de liderazgo, frente al 23% de los suníes (que constituyen la mayoría de la población siria). La integración de los militares alauitas, especialmente los altos mandos, en la nueva Siria es la más complicada y problemática, ya que a su papel durante la guerra se suma el factor sectario.

También subrayó que es difícil integrar a miembros del ejército del antiguo régimen en el nuevo, salvo algunos individuos especializados, siempre que no hayan cometido crímenes contra el pueblo sirio. Señaló que es complicado determinar quién no tiene las manos manchadas de sangre, puesto que las violaciones y atrocidades se cometían en cada cuartel militar y en cada oficina de seguridad del régimen, incluso por aquellos que trabajaban en oficinas recopilando información para rastrear, vigilar y arrestar a opositores, activistas y periodistas.

English

The Researcher Muhsen AlMustafa at the Omran Center for Studies affirmed that the prosecution of former regime members from the army and security forces is based on their involvement in crimes committed during the war, not on their sectarian or religious affiliation. AlMustafa stated: “The new authorities are not targeting Alawites, but they may feel threatened because they represented the majority of the armed forces and security services.” He added that anyone wishing to report a soldier or a paramilitary member for alleged crimes must present evidence to the new authorities.

He explained that the Alawites – the Islamic sect to which the Assad family belongs – held 88.5% of the top 40 positions in the Syrian army, and officers from Alawite-majority provinces represented 84% of the total. In the security agencies, which played a central role in the regime, the Alawites occupied 65% of leadership positions, compared to 23% for Sunnis (who make up the majority of Syria’s population). The integration of Alawite military personnel, especially senior leaders, into the new Syria is the most complicated and problematic, as their wartime role is compounded by the sectarian factor.

He also stressed that it is difficult to integrate members of the former regime’s army into the new one, except for some specialized individuals, provided they had not committed crimes against the Syrian people. He pointed out that it is difficult to determine who does not have blood on their hands, since violations and atrocities were committed in every military barrack and every security office of the regime, even by those working in offices who were gathering information to track, monitor, and arrest opponents, activists, and journalists.